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En líneas generales, el concepto moderno de ciudadanía nace con la Revolución francesa, materializando la idea de que los individuos son portadores de derechos imprescriptibles, ejercidos frente al poder de Estado. Así, el hombre se convierte en el titular de derechos públicos subjetivos. En este momento, la idea de ciudadanía se vincula íntimamente con la de nacionalidad y sufragio. Así, la ciudadanía moderna descansa, entonces, en la imagen de una sociedad construida por hombres autónomos, libres e iguales ante la ley. Sin embargo, como plantea María Cristina Mata , el ejercicio de la ciudadanía ha sido desbordado en su concepción jurídico-estatalista. De este modo, el concepto se complejiza con la problemática de las identidades y el multiculturalismo, en referencia a consumos, comunidades, demandas y reivindicaciones que trascienden las fronteras. Con el advenimiento de las políticas neoliberales, se multiplicaron objetivamente los espacios de poder con los cuales los individuos deben vincularse en orden de satisfacer sus necesidades, produciendo una consecuente multiplicación de esferas de negociación y enfrentamientos para hacer valer los derechos individuales y colectivos que el estado ya no puede respaldar. De ahí, que es necesaria una revalorización del concepto que intente superar la confusión que existe entre ciudadanía y esfera estatal, para que la idea de ciudadanía pueda mas bien coincidir con un modelo de esfera pública, con un lugar que abarque tanto el espacio institucional como el de las asociaciones autónomas y libres que se constituyen en la sociedad civil. “Esta noción de ciudadanía alude, por tanto, a una doble pertenencia: al Estado y a la sociedad. En el primer caso, el individuo es miembro de un cuerpo político-institucional que garantiza sus derechos políticos, civiles y sociales. En el segundo, el individuo es miembro de un espacio público asociativo que requiere de prácticas de auto-organización colectiva, desde las cuales se puede reforzar y extender su condición de ciudadano. En ambos casos el ciudadano es miembro de la misma comunidad. El ciudadano del Estado no cancela al ciudadano de la sociedad civil, ni viceversa.”
Entonces, el desafío es poder pensar también la ciudadanía desde la esfera de la sociedad civil, es decir, desde su capacidad de transformación y participación. Una práctica activa de la ciudadanía no solo implica la lucha por el reconocimiento de derechos violados o nunca declarados, sino también “integrar la práctica que se desarrolle en el interior de un vasta red de asociaciones, que operando desde la sociedad civil pueda contribuir a la perfección del orden colectivo” . Y es que el ciudadano se reconoce en su conexión con el curso cotidiano de las cosas. Los asuntos de interés general no deben ser reducidos a los asuntos del estado pues ellos se esparcen por la sociedad civil para crear un espacio público. Para ello es necesario combatir con una subjetividad afectada por el conformismo y la privatización de la vida para interrogar y controlar el poder y construir vínculos sociales solidarios. De ahí que, como plantea José Bernardo Toro , en consonancia con Castoriadis, ser ciudadano supone comprender que el orden de la sociedad no está dado, sino que es pura creación del hombre de la misma sociedad. Así ser ciudadano implica ser capaz que crear o transformar el orden social en el cual se quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos. Para el autor, la expresión máxima de autonomía, esto es de ciudadanía, es poder definir el futuro. Para ello, es esencial la creación y desarrollo de las organizaciones civiles, ya que ellas generan identidad y visibilidad. Actuar en cooperación para organizarse produce libertad, lo cual, crea las mejores condiciones para la dignidad de los ciudadanos.